Las universidades en Paraguay, origen y evolución

Por Hildegardo González Irala.Rector de la Universidad Nacional de Itapúa y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior

En las postrimerías del siglo XIX (1889), se inicia el proceso de formalización de una institución de educación superior en el país con competencia suficiente para otorgar títulos de grados universitarios que concedan a los egresados la prerrogativa para el ejercicio de la profesión.

Esto ocurre dos décadas después de la culminación de la guerra conocida como la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay, 1870), que duró cinco años y convirtió al Paraguay, de un país próspero y consolidado, en un país devastado, con población y territorio diezmados, infraestructura destruida y con recursos intelectuales, que eran escasos, también disminuidos.

Allí se volvieron más fuertes la inquietud y el deseo de la sociedad de contar con instituciones de educación superior que se convirtieran en canteras importantes para la formación de profesionales para la reconstrucción nacional y la defensa de los derechos internacionales, permanentemente apeligrados por amenazas provenientes de países vecinos.

Remitámonos como prueba de ello a que a los sesenta años en el territorio del Chaco paraguayo se desata una de las más sangrientas guerras de América, en la que muchos de los universitarios paraguayos prestaron valiosos servicios.

Se basa la creación de la universidad en instituciones y escuelas superiores, como el Colegio Seminario de San Carlos, creada con Cédula Real de 1776, que tenía el privilegio de otorgar grados universitarios en algunos casos, en forma limitada. Allí se formaron líderes que tuvieron participación en el proceso de la independencia de la República del Paraguay.

Otras instituciones muy importantes que formaron el semillero para la universidad fueron la Escuela de Derecho fundada en 1850 y la Escuela Normal que formó un selecto grupo de profesores en 1855. También el Aula de Filosofía, creada más adelante, formó una generación de brillantes jóvenes. Todos ellos fueron creando una masa crítica que hacía sentir cada vez más la necesidad de contar con una institución universitaria.

No obstante, mucho antes, ya en el siglo XVI (época colonial), la población asuncena encabezada por el primer gobernador criollo, nacido en Asunción, Hernando Arias de Saavedra, gestionó ante la corona española la creación de una universidad, que a la sazón, en la región, solamente existía en México, Lima, Santo Domingo y otras en proyecto.

Sin embargo, desde España se encomienda al medio hermano del gobernador, el obispo Fernando Trejo de Sanabria, la misión de fundar una universidad en el río de la Plata y se crea la Universidad Nacional de Córdoba (1618), siendo esta la primera en la cuenca del Plata. En ella se formaron jóvenes de varios países y entre ellos el paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia, prócer de la independencia nacional del Paraguay y propulsor del crecimiento económico de la república y del afianzamiento de la independencia del país.

Con estas consideraciones y trasportándonos nuevamente a la postrimería del XIX, ya comentada, se genera el escenario propicio para intensificar la gestión de creación de la anhelada universidad. Así, con proyectos de ida y vuelta entre el poder ejecutivo y la cámara de representantes, se promulga la ley, aun con el veto del presidente de la república, el 24 de septiembre de 1889 y con tres facultades se crea la Universidad Nacional de Asunción.

Durante setenta y un años fue la única universidad en el país, hasta 1960, año en que fue creada por ley de la honorable cámara de representantes, el 6 de septiembre de 1960, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Estas dos universidades, que siguen siendo en la actualidad las más importantes, han abierto sedes y filiales en las capitales de los principales departamentos del país.

En esas dos universidades se han formado profesionales de diferentes áreas y especialidades que fueron gravitantes para la creación y el desarrollo de los sistemas de salud (Medicina, Química, Odontología), obras de infraestructura (ingenieros y arquitectos), Educación, Derecho, Filosofía, Ciencias Sociales, Economía, Administración, de Producción Agrícola y Ganadera, entre otras especialidades; lo cual demuestra lo importante que fueron para el desarrollo nacional y la cultura.

En los años 1991 y 1992, poco más de treinta años al amparo de la Ley 828/80, se crean seis universidades privadas, todas instaladas en la capital del país.

En la Constituyente del año 1992 uno de los temas más importantes abordados fue el de las universidades y se estableció que estas serán creadas por ley y tendrán como fin la formación profesional, la investigación científica y la extensión universitaria. Se enfatiza la autonomía universitaria para establecer su forma de gobierno, sus estatutos, la libertad de cátedra y de la enseñanza.

Con esta nueva Constitución se sanciona la Ley 136/93 de Universidades. En esta se crea el Consejo de Universidades, con autonomía del Ministerio de Educación como organismo rector de la educación superior, pero con algunas limitaciones legales para el buen cumplimiento de su cometido, por la excesiva precaución de no lesionar la autonomía constitucional de las universidades, muy festejada por el demos universitario.

Un logro muy importante en la ley es que para la creación de nuevas universidades el Parlamento debía contar con un dictamen vinculante del Consejo de Universidades, lo cual hizo más rigurosos los requerimientos para dichas creaciones.

En este período de 1993 hasta 2006, con la vigencia de la Ley 136 se crean tres universidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional de Itapúa, de mucha relevancia en el país, con sus sedes centrales en regiones del interior de la república y trece universidades privadas.

Aumentaba la demanda de universidades y facultades en el territorio nacional por el bono demográfico —que daba favorable y en el que era una franja muy importante la cantidad de jóvenes de diecisiete a veintiocho años, edad considerada universitaria—, el aumento del PIB y la cantidad de egresados de la educación media.

Ante la rigurosidad de los requerimientos del Consejo de Universidades para el dictamen favorable para crear una universidad, facultades o carreras, se presenta un proyecto de ley que eliminaba el carácter vinculante al dictamen mencionado y por una mínima diferencia se sanciona la Ley 2529/06. Durante la vigencia de esta ley se crearon veintiséis universidades, igual cantidad que las creadas en ciento quince años.

Esta Ley fue derogada en 2010 con la Ley 397310; en este período y hasta 2013 se crearon cuatro universidades.

Con las universidades creadas, con la permisividad para instalar filiales y crear carreras, se generó un sistema universitario bien definido para las universidades que cumplen con los estándares de calidad y aquellas donde prevalecían los intereses económicos.

La sociedad, el mercado laboral, los usuarios clamaban por una reforma en el sistema, un mayor y riguroso control de las universidades, de los títulos que otorgaban, de la malla curricular y las condiciones de infraestructura.

Esa presión ya llevaba más de diez años y siempre existían intereses para evitar una ley que ponga orden al sistema, hasta que en agosto del 2013 se promulga la Ley 4995/13, una ley que define claramente los fines y objetivos de la educación superior en el país.

La Ley 4995/13 crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) con trece miembros, donde se encuentran representados el Estado —a través del Ministerio de Educación—, y las universidades públicas y privadas —con un rector, un docente y un estudiante—, así como el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), un director de instituto de educación superior público y otro privado, un representante del CONEC. Como miembros natos están la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica.

Se otorga al CONES atribuciones antes reservadas al Parlamento, como la intervención y clausura de facultades, institutos y universidades, y definir políticas públicas de educación, entre otras.

En los cinco años de vigencia del CONES se ha logrado un mejoramiento sustancial en todo el sistema universitario, al mismo tiempo, a través de congresos nacionales y regionales, y la formulación del libro blanco de la educación superior, se ha logrado la construcción de políticas públicas.

Es también dable señalar que estas dos décadas, independientemente de ese lapso de cuatro años de vigencia de una ley que causo daños al sistema, han creado dos organismos muy trascendentes, que son el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), responsable de incentivar y administrar las investigaciones en el Paraguay, lo cual produjo resultados muy favorables para el cumplimiento de uno de los fines fundamentales, la investigación científica y tecnológica, y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); y su afianzamiento fue fundamental para garantizar la calidad de la educación superior en el país, elaborando indicadores y parámetros de acuerdo a las exigencias internacionales que han llegado a resultados satisfactorios en la cobertura nacional para las acreditaciones de carreras.

También la creación de un Viceministerio de Educación Superior fue muy determinante para garantizar en nombre del Estado que los registros de los títulos cumplen con las legalidades correspondientes, entre otras funciones gravitantes.

Debemos reconocer que un gran salto ha dado la educación superior en el país con estos organismos y, superando esta etapa de formalización y evaluación, el Paraguay ha incursionado en el escenario internacional, participando en las discusiones sobre las pertinencias de las universidades y las carreras, los lineamientos fundamentales para los próximos diez años a través de los congresos y conferencias internacionales, en varios casos liderados por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-Unesco).

Se ha marcado ya una agenda regional: realizar una Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) dos años antes de la Conferencia Mundial de la Unesco, que se celebra cada diez años en París. En esta oportunidad la CRES se realizó en Córdoba, en junio del 2018. Por primera vez Paraguay se presenta con una declaración clara y contundente de los protagonistas a través de una declaración firmada por el Consejo Nacional de Educación Superior, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, como resultado de un Congreso Pre CRES llevado a cabo en Asunción con la presencia de los representantes de la educación superior del país. En este documento se plasma los lineamientos fundamentales que fueron expuestos y defendidos.

Nuestro país, que se sitúa en etapa de desarrollo, con un PIB bajo pero in crescendo y ante la gran amenaza de los organismos multilaterales financieros de fomentar la privatización de la educación superior, ratifica y con mucha fuerza que La educación superior es un bien público. Un derecho humano fundamental. No es una mercancía y, por lo tanto, no es un bien transable.